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Carta de solidaridad y defensa de la autonomía democrática y la libertad religiosa para la comunidad musulmana en España

Las entidades que suscriben, tras tener conocimiento de la pretensión de del Gobierno de aprobación de un Real decreto sobre la Comisión Islámica de España que persigue eliminar su actual estructura e imponer a una reforma de los estatutos por los que se rigen los musulmanes de España, entendemos que es un abuso intervencionista, una inaceptable injerencia  del Gobierno en asuntos que deben ser decididos por la propia comunidad musulmana, así como una vulneración de la libertad religiosa que ampara constitucionalmente a todas las personas en España.

 

El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, establecido por la Constitución Estapañola, no permite vulnerar ni el derecho individual, ni el comunitario, como consecuentemente establece el artº6 de Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa, que garantiza que las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tengan plena autonomía y puedan establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal.

 

La voluntad del Gobierno, mediante el decreto previsto, al imponer unos Estatutos a la comunidad musulmana quiebra los principios de libertad, igualdad y no discriminación, al tratarla de forma diferenciada del resto de las confesiones religiosas, y contraviene a su vez, las normas internacionales suscritas por España y que la Constitución reconoce, como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos civiles, políticos, sociales y culturales y la Convención Europea, entre otros normas esenciales.

 

Esta decisión del Gobierno, además de quebrar la autonomía de la comunidad musulmana en España, de dañar su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, pone en duda la aplicación del principio de laicidad sostenido desde los valores democráticos. A lo que hay que añadir un plus de estigmatización social al presentar a la comunidad musulmana como una comunidad que hay que organizar desde el Estado, lo que alimenta la islamofobia y la intolerancia religiosa.

 

En consecuencia, las entidades firmantes, en solidaridad con la comunidad musulmana en España, solicitamos la paralización del mencionado intervencionismo gubernativo y que las posibles controversias interpretativas o contradicciones estatutarias que pudieran existir, sean resueltas por vía de las decisiones judiciales que es lo prescrito por la Ley,

Firman:  (organizaciones y entidades ciudadanas, sociales y políticas)